La FNPF denuncia los ataques contra la política del agua

© Laurent Duclos

Reunida el 29 de junio de 2026 en París con motivo de su congreso anual, la Federación Nacional de Pesca de Francia y de Protección del Medio Acuático (FNPF) aprovechó la ocasión para alertar al ministro delegado encargado de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, sobre varios asuntos considerados delicados: la política hídrica, la situación de los peces migratorios, la clasificación del siluro y la regulación de la población de cormoranes.

Reafirmar las posiciones

Esta reunión contó con la presencia de Olivier Thibault, director general de la Oficina Francesa de Biodiversidad; de Cécile Avezard, directora general de Voies navigables de France; de Thierry Burlot, presidente del comité de cuenca del Loira-Bretaña, así como de Pierre Medéville, senador y miembro del grupo de estudio «Caza y Pesca» del Senado, y de Daniel Labaronne, copresidente del grupo de estudio «Caza y Pesca» de la Asamblea Nacional.

Más allá de los intercambios institucionales, esta cita anual ha permitido a la red de asociaciones pesqueras reafirmar sus posiciones ante los grandes retos relacionados con la gestión del agua, la conservación de la biodiversidad acuática y el futuro de la pesca recreativa.

Una política hídrica considerada vulnerable

Mientras el Senado examinaba ese mismo día el proyecto de ley de emergencia agrícola, Claude Roustan no ocultó su preocupación. Según el presidente de la FNPF, este texto «pretende, literalmente, desmantelar» un modelo de política hídrica que, sin embargo, se consolidó en 1992 y posteriormente en 2006, antes de ser cuestionado y debilitado progresivamente a lo largo de los años.

Para la FNPF, la política del agua parece haberse reducido ahora a una lógica de captación del recurso común, en detrimento de una visión global. Su presidente recuerda, por el contrario, que el agua no puede considerarse un bien común cualquiera. La federación aboga por un ministerio específico, una gran ley de programación, una mayor puesta en común de recursos, la aplicación estricta del principio de «quien contamina paga», una gobernanza local, un reparto equilibrado y concertado del recurso, así como el reconocimiento de un principio superior: el de la sobriedad.

Más artículos sobre el tema