/ 
Graves amenazas
Este texto supone una grave amenaza para el acceso al agua de calidad de los franceses y las francesas, al tiempo que reduce la capacidad del sector agrícola para adaptarse realmente a las limitaciones climáticas y medioambientales. En este contexto, las administraciones locales, los ciudadanos, los agricultores y los usuarios del agua saldrían todos perdiendo.
En Francia, un tercio de las 33 000 captaciones de agua potable que abastecen a 67 millones de habitantes ya presentan niveles de contaminación preocupantes, que incluso superarán los umbrales de calidad para 16 millones de personas en 2024. En casi el 90 % de los casos, estas contaminaciones están relacionadas con los plaguicidas, sus metabolitos o los derivados de los fertilizantes. Cada año, se abandonan o cierran un centenar de captaciones debido a una contaminación imposible de tratar técnicamente o a unos costes que se consideran demasiado elevados.
Un punto muerto
Los costes de la descontaminación no dejan de aumentar, lo que sitúa a numerosas administraciones locales en una situación de estancamiento. Ante las obligaciones normativas, disponen de cada vez menos herramientas financieras y normativas. Al mismo tiempo, la reducción de las ayudas al sector agrícola para cambiar las prácticas relacionadas con las captaciones de agua debilita su capacidad para desarrollar soluciones equilibradas que concilien la actividad económica, la salud pública y la conservación de los recursos.
Por otra parte, el 95 % de los departamentos franceses ya se han visto obligados a aplicar en los últimos años restricciones al consumo de agua en el marco de decretos contra la sequía, una tendencia que, según las previsiones disponibles, se agravará.
Varios retrocesos importantes
Sin embargo, el proyecto de ley que se debatirá a partir del 29 de junio en el Senado supone varios retrocesos importantes para la protección de los recursos hídricos. Entre las principales preocupaciones figuran:
- la reintroducción de plaguicidas prohibidos, con el consiguiente riesgo de que se filtren a las masas de agua, para la salud y la biodiversidad;
- el debilitamiento de la política de protección de las captaciones de agua potable, en detrimento de las colaboraciones establecidas a nivel local entre las administraciones locales y los agricultores voluntarios;
- el debilitamiento de los instrumentos que permiten a las administraciones locales actuar a tiempo para proteger el agua, precisamente cuando se encuentran en primera línea ante las crecientes presiones sobre este recurso.
Los firmantes de este comunicado piden una movilización general para preservar una política hídrica ambiciosa, coherente y eficaz, al servicio de todos los usuarios y del interés general.
